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Luis Alexis Leiva por Andrés Casciani, presentando "Un barrio silencioso", editado por Azul Francia Editorial (Buenos Aires, 2019).
Realizada el miércoles 13 de noviembre de 2019 de 19 a 20:30 hs en la Biblioteca Pública General San Martín (Remedios Escalada de San Martín 1843, Mendoza)
andrescasciani.com
PRONTUARIO DE GABINETE
*Caricatura digital: Andrés Casciani (2019) / Texto: Eddy Whopper
Sección: "PARTÍCIPES NECESARIOS"
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HOY: Mónica GUTIERREZ
Nombre completo: Clara Mónica GUTIÉRREZ
Fecha de nacimiento: 8 de marzo de 1955
Venida desde Rosario durante la última dictadura militar para trabajar en órganos icónicos de la época como 60 Minutos o Informe Uno, Mónica disparó su carrera luego de la asunción de Raúl Alfonsín, desde la televisión pública democrática. Los primeros años de gobierno constitucional la vieron desarrollar una tarea discursiva de afianzamiento de las instituciones, con participaciones destacadas como el seguimiento del conato de sedición de Semana Santa en 1987, el copamiento del cuartel de La Tablada en 1989 y el intento de golpe de Estado de diciembre de 1990.
Durante el furor que generó la llegada de la televisión por cable a la vida de la clase media, condujo varios programas en esa plataforma. A finales de la década, se afirmó como periodista en América TV, nombre que tomó el antiguo Canal 2 de La Plata que fuera arrastrado por la ola de privatizaciones. Desde entonces, Mónica Gutiérrez es un ícono de esa señal.
A partir del inicio de la campaña de sugestión colectiva que desvió raciocinios hacia la elección de Mauricio Macri como presidente de la Nación, Gutiérrez ocupó un lugar preponderante en la selección y difusión de noticias de impacto emocional asequible a las directivas impresas por Jaime Durán Barba, el publicista ecuatoriano contratado por el entorno del PRO-Cambiemos para desarrollar la estrategia de captación de criterios.
Quizás la “cobertura periodística” a su cargo que más y mejores resultados generó para el macrismo entre la clase media aspiracional fue la que realizó en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, en ocasión de las inundaciones de agosto de 2015, luego de las elecciones primarias. El entonces gobernador Daniel Scioli se encontraba en Italia, cuando una lluvia inesperada produjo en pocas horas un importante crecimiento del nivel del agua. La producción del programa contrató un bote para recorrer las zonas: Mónica aceptó vestirse de neopreno al estilo buzo táctico y, acompañada de un lugareño igualmente ataviado, describió con fuerte impresión pasional el meteoro. Direccionó las charlas con vecinos del lugar hacia el reconocimiento de que “esto tiene que ver con algo más que una contingencia climática”. Si bien la inundación se habría producido por causas como la pérdida del poder de absorción de la tierra por el monocultivo de soja, la regularidad en las crecientes del río Luján y el hecho de que los sectores anegados se hallaban construidos en un bajío pronunciado, Gutiérrez finalizó aquel día su nota destacando que aquello era “la nada misma, la desolación, el abandono”, a fin de que sus espectadores relacionaran la tragedia natural con la ineficiencia kirchnerista producto de la desidia y la corrupción. Con el triunfo posterior de Cambiemos, “la nota de los botes” fue la última crónica de inundaciones televisada en medios hegemónicos.
Desde el 10 de diciembre de 2015, Gutiérrez aceptó desempeñar el rol de portavoz de noticias en sintonía con la política comunicacional del macrismo: acentuación de la “grieta”, loas a la gestión oficial y blindaje de noticias desfavorables a toda persona relacionada con el gobierno, aun cuando desde los espacios contrahegemónicos se denunciara y demostrara el accionar formalmente delictivo de prácticamente todos los protagonistas de la administración Cambiemos. Mónica Gutiérrez, durante la presidencia de Mauricio Macri, ocupó un lugar líder en la difusión de contenidos de impacto emotivo y en la ocultación deliberada de hechos incriminantes del entorno amarillo, siempre con cargo de responsabilidad a “la gerencia de noticias del canal, que es la que decide”.
Durante los días previos a la sanción de la Ley de Reforma Previsional –una norma dictada por influencia del Fondo Monetario Internacional para reducir el “gasto” estatal en jubilaciones y pensiones- Mónica avisó que “habrá ajustes que son dolorosos” e instó a que los trabajadores pasivos “resignen una parte”, porque “todos somos pobres”. Cumplía así una determinación impuesta por el gobierno neoliberal y aceptada por Gutiérrez en su carácter de comunicadora: construir un velo de sentido común sobre el exterminio de derechos. Así, luego de los excesos policiales y parapoliciales cometidos durante la votación en el Congreso de dicha ley, Mónica desarrolló un discurso justificativo y reivindicatorio del accionar de las autoridades, otorgando mayor relevancia al “afeamiento” de paredes y a la rotura de baldosas por los manifestantes, que a la definitiva pérdida de asignaciones –a favor de la corrupción- por parte de uno de los sectores más vulnerables del tejido social.
Llamativamente, pocos días después de su arenga, se conoció que, desde la asunción de Mauricio Macri, Gutiérrez había cobrado poco más de medio millón de pesos (por entonces, unos 30.000 dólares), en pauta publicitaria oficial incluida en el portal “monicagutierrez.com.ar”, un espacio que había recibido hasta entonces menos de 10 visitas diarias. Las entidades que pagaron por incluir propaganda en aquel desierto virtual, por la suma antedicha, fueron el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Senado de la Nación y la empresa estatal de agua AySA.
El dinero recibido por el Senado ha incluido a Mónica Gutiérrez entre las personas a quienes Gabriela Michetti repartió sin control alguno más de 3 millones de pesos, bajo el rótulo de “pauta”, enmascarada en la figura de contrataciones directas y sin sustento fáctico-jurídico alguno.
En cuenta aparte, su empresa “RAPPORTO S.A.” (que gestiona la página de Internet) facturó a diversas entidades oficiales, municipios afines y provincias de gobierno macrista otras cantidades por incluir publicidad: ANSeS, Aerolíneas Argentinas, Banco Ciudad de Buenos Aires, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Obra Social Ciudad de Buenos Aires, Municipio de Lanús (cuyo intendente, Néstor Grindetti, pertenece al PRO y figura en los Panama Papers), Municipio de San Isidro (de administración macrista), Municipio de Pilar (de administración macrista) y Lotería de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.
Más intensa y onerosa, aun, ha sido la relación de su pareja, el empresario Alejandro Fabián Gawianski, con los operadores del macrismo. En 2018, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le alquiló un inmueble por más de 18 millones de pesos, con el fin de ser utilizado por la Subsecretaría de Contenidos de la jurisdicción administrada por Horacio Rodríguez Larreta. A pesar de esgrimir el latiguillo relativo a que “todos somos pobres”, Gutiérrez comparte tálamo y mesa con el presidente de Open Office (una empresa de equipamiento de oficinas), de la constructora Ag3 y de la firma HIT – Hoteles Innovación Tecnológica.
Bastonera también emocional de los principios de predominio varonil postulados por el antikirchnerismo, a fines de 2018 generó una fuerte polémica cuando llamó en una entrevista “influencer” a un hombre acusado y preventivamente encarcelado por abuso sexual. A pesar de que luego, en la mesa de Mirtha Legrand, intentara aclarar que se había tratado de una ironía, la reacción del espacio feminista fue tal que Mónica debió cerrar temporalmente su cuenta de Twitter.
En junio de 2018 fue “escrachada” junto a Luis Majul por un grupo de manifestantes a la salida de la sede de América TV. Convencida de que las acusaciones de “mentirosa” no le atañían, Gutiérrez resistió al público, de viva voz, antes de refugiarse en su automóvil.
Uno de los últimos trabajos para los que debió cumplir como contraprestación militante fue la moderación del segundo debate de candidatos presidenciales, previo al triunfo de Alberto Fernández. A él concurrió junto con otros periodistas “anti K”: Marcelo Bonelli, Claudio Rígoli y la “neutral” María O’Donnel. No obstante su clara filiación macrista, Gutiérrez aclaró en una de sus exposiciones públicas que se tomó en cuenta, para determinar la elección de dichos conductores, “que no haya una identificación con ningún partido político". Con ello, la periodista continuaba la tónica impresa por los comunicadores venales durante la totalidad del período: sostener desde el discurso lo contrario de lo que exhibe la realidad, con la finalidad de crear un estado de cosas perceptible tan sólo desde lo meramente lingüístico, como estrategia eficaz de penetración psicológica.
Por su labor, Mónica Gutiérrez ha recibido numerosos premios y reconocimientos. En la “Biografía Autorizada” que figura en la página pagada con dinero público, la misma Gutiérrez cuenta con toda claridad:
“Sobrellevé golpes físicos y dilemas éticos”.
Expresión que ilustra acerca del carácter voluntario de sus decisiones, orientación moral incluida.
* Galería completa: https://prontuariodegabinete.blogspot.com/
“Nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre generaría tanto odio de una elite que se harta de tirar comida a la basura todos los días”.
(Lula Da Silva)
* Ilustraciones por Andrés Casciani
.Acrílico, collage y lápices sobre papel - 21 x 29 cms c/u (2019)
andrescasciani.com
"El silencio es de los dioses, sólo los monos charlan".
(Buster Keaton)
* Ilustraciones por Andrés Casciani
.Acrílico, carbonilla y lápices sobre papel - 21 x 29 cms c/u (2019)
andrescasciani.com
PRONTUARIO DE GABINETE
*Caricatura digital: Andrés Casciani (2019) / Texto: Eddy Whopper
Sección: "PARTÍCIPES NECESARIOS / MASCOTAS"
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HOY: Luis MAJUL
A rastras bajo el ala del que manda
Arrástranse las caras mercenarias
Para ganar dinero con las blandas
Arrastradas morales monetarias.
Arrastrando veladas propagandas
Se arrastra el beneficio a la bancaria
A cambio del arrastre que demandan
Los sueños de una clase imaginaria.
A la venta se arrastra el compromiso
Que a las perdidas almas deshermana
Y arrastra la decencia por el piso.
Habiéndolo tentado la Manzana
Arrastrado ante el líder ojiazul
Rastrea, millonario, Luis Majul.
"Si la política fuera solo el arte de lo posible, sería el arte de la resignación".
A 36 años del Triunfo de Raúl Alfonsín.
* Caricatura por Andrés Casciani (2019)
Tinta china sobre papel / 21 x 29 cms.
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PRONTUARIO DE GABINETE
*Caricatura digital: Andrés Casciani (2019) / Texto: Eddy Whopper
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HOY: Jorge TRIACA
Nombre completo: Jorge Alberto TRIACA
Alias: “Jorgito”
Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1974
El ex ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación es hijo de Jorge Alberto Triaca, un sindicalista (cuyo padre había sido delegado obrero de la industria del plástico) que inició su carrera apadrinado por Augusto Vandor. Luego del asesinato de este último –sindicado por las bases como traidor al movimiento por proponer la construcción de “un peronismo sin Perón”- se cobijó bajo el ala de José Ignacio Rucci, también asesinado. Jorge Alberto Triaca, ministro de trabajo en los años 90 y miembro del Jockey Club, fue interventor de la empresa SOMISA, cargo por el que fue sindicado de aceptar dádivas y vender la empresa a precio vil. En el año 1999 fue condenado en un juicio de reconocimiento de la paternidad y obligado a indemnizar a la peticionante, una niña fruto de la relación clandestina habida con una de sus empleadas. Algunos años antes, como testigo en el juicio seguido a los ex comandantes de las Juntas militares, había negado tener conocimiento sobre la existencia de militantes desaparecidos. A pesar de su filiación nacional y popular sesentista, Jorge Alberto padre fue pieza fundamental en el proceso de privatizaciones iniciado en los años 90 con el fin de adecuar la política económica argentina a las exigencias del neoliberalismo internacional.
Jorge Triaca “hijo” egresó como licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de San Andrés. Desde los últimos años del siglo ha ido muy lentamente escalando escasos peldaños en una carrera política que parece haber tocado su final, debido a la rápida extinción de la relación de confianza con el “Círculo Rojo” de Mauricio Macri y a que –según alguna encuesta privada- se lo reconoció como “el segundo ministro con peor imagen del país, ubicado sólo detrás de Marcos Peña”.
Siempre en el segundo pelotón y bajo el liderazgo de ejecutores de mayor fuste, entre 1998 y 2000 coordinó un “Programa de Apoyo Ocupacional para Personas con Discapacidad”, aéreo plan de trabajo que prácticamente no rindió frutos significativos. Luego de la debacle del año 2001, Jorge Triaca ocupó un lugar en la Subsecretaría de Coordinación y Evaluación Presupuestaria, dependiente de la Coordinación de Créditos con Organismos Internacionales.
Sin embargo, su pertenencia al “think tank” macrista por excelencia, la Fundación Pensar, lo llevó a integrar las listas de diputados del PRO en la ciudad de Buenos Aires, jurisdicción que representó en el Congreso de la Nación desde 2009 hasta 2013. Reelegido en las elecciones de este último año, renunció a su banca para presidir el Ministerio que le ofreciera Mauricio Macri desde el 10 de diciembre de 2015.
En una de sus primeras declaraciones públicas indicó que los trabajadores gozaban de “muchos beneficios”. Con ello se encaramaba, junto con otros cómplices, en la tarea de nueva formulación lingüística tendiente a generar un momento de sugestión entre los adherentes del macrismo, ya por entonces rebajados en su ámbito de intelección por la permanente irradiación comunicacional. En efecto: así como el “cambio” proponía la mutación del “ciudadano” (sujeto amparado por garantías constitucionales) en simple “vecino” (la persona “que vive al lado”), también los “derechos” de los trabajadores –fruto de décadas de luchas y reivindicaciones- pasaban a considerarse, en la nueva lengua aspiracional mercadotécnica, “beneficios”.
Como concreta consecuencia real de aquellas florituras retóricas, y por orden de Mauricio Macri, se abstuvo de homologar en el año 2016 el acuerdo paritario entre la Asociación Bancaria y los representantes del sector patronal. Por primera vez en la historia argentina y sindical, un órgano administrativo cuya función es velar por la regularidad de los acuerdos entre trabajadores y empleadores rechazaba un acuerdo regular. La cuestión fue en definitiva resuelta por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien impuso al Estado Nacional la obligación de “no interferir”.
Sobre este miembro del gabinete macrista también cayeron acusaciones de nepotismo. De acuerdo con el diario Perfil, “Triaca se destacó en 2017 por ser el funcionario que más familiares tenía en el Estado. Mariana, una de sus hermanas ocupó un cargo en el Banco Nación. A su vez su pareja, el cuñado de Jorge, Ernesto Martí Reta, fue nombrado en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Otra hermana del ministro, Lorena, también se desempeñó en el Estado, más precisamente como directora de la Agencia de Inversiones. María Cecilia Loccisano, la mujer de Triaca, fue designada subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud”.
Este acto de corrupción velada quedó, sin embargo, bajo cierta sombra de ocultación por el acaecimiento de un hecho de importancia singular. La casera de una quinta de fin de semana utilizada por Jorge Triaca y su familia -una señora de nombre Sandra Heredia- había denunciado públicamente hacia fines de 2017 que desde 2012 trabajaba “en negro” para el ministro de Trabajo macrista. Luego de una discusión, Jorge la habría mandado a despedir sin causa a través de su cuñado: la trabajadora, violada en sus derechos, alegó que iría hasta el mismo edificio del Ministerio a reclamar. Días después, por las redes sociales circulaba un archivo de audio “filtrado”, en el que Triaca increpaba a su empleada no inscripta: "¡Sandra no vengas, eh! No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!" Más tarde, el ministro confesó haber sido autor del exabrupto, al que alegó emitido en un contexto de “situación de stress”. Ello no le impidió ofrecer a la trabajadora un empleo en el Sindicato Único de Marinos Unidos, quizás con el fin de comprar su silencio. Con el tiempo trascendió que, por gestiones personales o a efectos de favorecer “recomendados”, Triaca habría procurado más de 200 ingresos al mismo sindicato, con la complicidad de su interventora Gladys González, dirigente del PRO.
Poco antes de que por decisión del Fondo Monetario Internacional se redujera el número de ministerios y la cartera de Trabajo quedara convertida en una simple secretaría de gobierno, diversos medios no hegemónicos informaron que “Jorgito” habría gestionado un desvío de fondos de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), cuestión que le habría valido, además, acusaciones colaterales de extorsión y enriquecimiento ilícito.
Llevado por la marea de sus designios genéticos, Triaca perdió de propia incapacidad -por el desencaje de inconveniencias que la soberbia genera en los tercerones- el ala protectora del macrismo. No obstante, sumó jalones en el andarivel de hipocresía publicitaria por el que se desenvolvió la comunicación del gobierno liderado por el papá de Antonia, en especial durante los primeros semestres de gestión.
Escuchado por un público afecto a la mentira consensuada –que encontraba en ella un escenario de validación de su devastación moral- desplegó permanentemente un discurso despreocupado, brotado de falsedades y exento de toda vergüenza, quizás como estrategia ensayada de identificación con la estructura de interacción de sus votantes.
Hacia mayo de 2018 algún periodista le exhibió un informe del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que daba cuenta acerca de que, desde la asunción de Macri como presidente de la Nación, existían computados unos 82.400 trabajadores activos menos. Triaca, despojado de todo compromiso con otros estándares que no fueran los de la farsa macrista, dijo, para sugestión y embelesamiento de sus envilecidos: “No se registran despidos masivos en el país”.
La clase media macrista, maravillada, creía entonces que la alarmante “ola de despidos” constituía, simplemente, un “invento kirchnerista”. Inútil resultó señalar que el propio Triaca había dejado sin empleo a 280 agentes del Ministerio de Trabajo durante las primeras semanas de función. Lejos de alarmarse aun ante el cercano acecho de pérdida de los escasos dos sueldos sobre los que suele sostenerse el andamiaje familiar mediopelo, sus obcecados partidarios abrazaron una recurrente profesión de fe en el “Presi”, uno de cuyos adláteres fue el ministro Jorge.
Y así, quizás como emergencia sintomática, dispensados de todo anclaje en el mar de lo racional, se repetían:
“Hay que darle tiempo”.
*Galería completa: https://prontuariodegabinete.blogspot.com/
"El problema no es Dady Brieva o Miguel Del Sel, el problema es el Chino Volpato".
(Pedro Saborido)
*Caricatura por Andrés Casciani (2019).
- Acrílico, lápices y tiza pastel sobre papel / 21 x 29 cms.
http://andrescasciani.com/
PRONTUARIO DE GABINETE
*Caricatura digital: Andrés Casciani / Texto: Eddy Whopper
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HOY: Germán GARAVANO
Nombre completo: Germán Carlos GARAVANO
Fecha de nacimiento: 23 de octubre de 1969
Germán Garavano egresó de la carrera de abogacía de la Universidad Católica Argentina en el año 1994. Cursó luego diversas especializaciones en España y en Gran Bretaña. En 1987 inició su carrera en el Poder Judicial de la Nación, en el fuero penal. Más adelante, centró sus esfuerzos en ocupar espacios en la nueva organización autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, iniciada con la Constitución local de 1996. Garavano labró por entonces una serie de vinculaciones con estudios jurídicos tradicionales, con miembros de la judicatura nacional y con organizaciones no gubernamentales como el FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), relacionadas con el ejercicio de la abogacía articulado en coherencia de resultados con los operadores judiciales.
Dentro del ámbito porteño, fue miembro del Consejo de la Magistratura y juez penal, contravencional y de faltas. Luego pasó al Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción, donde fue nombrado Fiscal General, el grado más alto en la jerarquía de ese órgano.
El 14 de diciembre de 2015, ya ungido Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, firmó uno de los primeros decretos inconstitucionales de la era Macri: el que designaba como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Carlos Fernando Rosenkrantz (por entonces, abogado del Grupo Clarín) y Horacio Daniel Rosatti, un peronista “no kirchnerista” que había sido intendente de Santa Fe en los años 90. A través de una interpretación que desviaba el espíritu de las normas constitucionales, el mismo decreto contenía en sus considerandos una mención acerca del acuerdo del Senado necesario para designar magistrados del máximo tribunal nacional. “Oportunamente", dice, "se le enviarán los pliegos respectivos de los jueces designados en comisión, los que deberán recibir el correspondiente acuerdo”. Ante algún esbozo de crítica derramado por un sector de pensadores jurídicos de prestigio, Macri retiró los nombramientos. La Cámara de Senadores actuó rápidamente para activar el proceso legal de designación y en el mes de junio de 2016 Rosenkrantz y Rosatti fueron formalmente ingresados como ministros de la Corte.
Tres años después, Garavano declaró ante la prensa española que la Corte Suprema, así conformada, “es una Corte tan independiente que parece opositora”. Confesaba, conjugaba y naturalizaba, de tal modo, la ilegal irradiación del poder político macrista en la dinámica del Poder Judicial, inaceptable en el marco de la división de poderes propia del sistema republicano de gobierno.
La segunda acción que promovió Germán Garavano desde la cartera de Justicia fue colaborar en la andanada de presiones institucionales para desplazar a la Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gils Carbó. Desde los medios de comunicación macristas se difundió la idea de que Gils Carbó era la “jefa de fiscales kirchneristas”, y que había sido nombrada en esa función para procurar la impunidad de los funcionarios del período 2003-2015. El mismo Macri dijo, en varias oportunidades, que la Procuradora carecía de “autoridad moral” para ocupar el cargo, en plena época de diseminación de mensajes relacionados con una supuesta camarilla de “jueces kirchneristas” que pondrían “palos en la rueda” del “cambio”.
Mientras tanto, Germán Garavano iba elaborando un proyecto de ley similar a otro puesto en vigencia por Gerardo Morales en Jujuy: la creación de una especie de Ministerio Público Fiscal “paralelo”, con quita de una gran cantidad de funciones al Procurador General de la Nación y limitación de 4 años en el ejercicio del cargo. Afirmó falsamente, además, que la designación que había puesto en funciones a la Procuradora podía ser revocada a través de un simple decreto presidencial, pero que Macri no obraría de ese modo porque estaba empeñado en “respetar las instituciones”.
Gils Carbó, durante todo el proceso, soportó un verdadero alud mediático plagado de falsas imputaciones y la creciente consideración negativa de una población captada en su capacidad de comprender e inteligir, que la sindicaba como parte del publicitado “robo” de los Kirchner. Luego de que Cambiemos ganara las elecciones de medio término de 2017 con una mayoría ampliada respecto de los comicios de 2015, Alejandra Gils Carbó renunció a su ministerio. Su reemplazante fue Inés Weinberg de Roca, una ex jueza de Cámara en la ciudad de Buenos Aires que había sido nombrada por el propio Macri –cuando era Jefe de Gobierno- en el Tribunal Superior de Justicia porteño. Hasta la jura de Weinberg, el cargo fue interinamente ocupado por Eduardo Casal, sindicado desde principios de 2019 como “retrasador” del proceso disciplinario seguido contra el fiscal Carlos Stornelli, quien no se presentara jamás a prestar declaración indagatoria por casos de extorsión a falsos imputados frente al juez Alejo Ramos Padilla.
En conexión con la vocación de apremio institucional que el macrismo encarnara en la figura de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, Garavano participó en la elaboración de un proyecto de ley que reducía la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 15 años (contra una idea inicial de fijarla en 14). La justificación esbozada ante la prensa –plagada de preconceptos, eufemismos y concepciones deterministas- fue la siguiente: “Hoy, un joven de 18 años que comete un delito probablemente haya comenzado a delinquir desde muy joven, pero recién tiene su primer contacto con el Estado cuando va preso a una cárcel de mayores. Si se lo acompaña antes, tal vez eso se pueda evitar”.
La idea, que a fin de cuentas no se implementó, buscaba canalizar políticamente el ideario viciado de su base electoral, partidario de la pena de muerte y de la exposición de menores de sectores relegados a un sistema penal exento de toda garantía de preservación de la dignidad humana. No obstante este aparente fracaso, Garavano cumplió su rol de ejecutor de las órdenes publicitarias que le fueron impuestas, relacionadas con la construcción y difusión del discurso punitivista afín al decálogo inmoral de sus adherentes.
En tren de atender a las demandas fundadas en la desviación conductual y ética de una población mayoritariamente exenta de cultura social, Garavano alentó, además, la aplicación del llamado “Protocolo de uso de armas de fuego” para las fuerzas de seguridad redactado desde la cartera al mando de Patricia Bullrich. Durante la presentación de un proyecto titulado “Justicia 2020”, en la que se exhibió junto a Mauricio Macri, sostuvo que la permisión de disparar al cuerpo del presunto delincuente ante situaciones de extrema percepción subjetiva como el “peligro inminente” respondía a una necesidad que nada tenía que ver con la concepción de “mano dura”, sino con la idea de “mano justa”. De este modo, una vez más, la eficiente construcción del discurso por parte de los asesores en mercadotecnia contratados –a esa altura, con dinero público- dio buenos resultados entre la mayoría, deseosa en sus imposibilidades éticas de proponer y aceptar soluciones racionales al problema global de la delincuencia.
Con el correr de los semestres, Garavano fue intensificando los apoyos explícitos a las construcciones lingüísticas de fuerte impronta emocional y anclaje en antivalores, propias de los modos de transmisión exhortativa del macrismo. En esta dirección, saludó desde las redes sociales a su nuevo “colega” en el ministerio de justicia de Brasil, el ex juez Sergio Moro, quien poco tiempo antes decidiera con evidente apartamiento del derecho la prisión de Luiz Inácio “Lula” Da Silva. El 17 de abril de 2018 envió condolencias en su carácter de Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a través de la publicación de un aviso fúnebre en el diario La Nación, a los familiares del represor Carlos Bernardo Chasseing, gobernador de Córdoba durante la dictadura y encargado de la “disposición final” de cadáveres aportados por fuerzas de seguridad en esa jurisdicción.
Coincidentemente, mantuvo reuniones tanto con abogados de los operadores de la última dictadura cívico-militar condenados por delitos de lesa humanidad como con Cecilia Pando, activista a favor de la liberación de genocidas. Desde ese lugar, y también con apoyo comunicacional masivo, se elaboró la idea de que los reos que se encontraban cumpliendo penas de reclusión perpetua por genocidio fueran considerados “presos políticos”. La coyuntura internacional no habilitaba la recepción favorable de las peticiones de indulto presidencial o morigeración de condenas; sin embargo, muchos de ellos fueron beneficiados, luego de estos encuentros, con fijaciones de prisiones domiciliarias. Tampoco se accionó cuando esos beneficiarios incumplieron las condiciones de alojamiento en sus hogares o salieron de él sin autorización.
El ministro apoyó las conductas ilegales de Gendarmería Nacional en los sucesos que derivaron en el asesinato de Santiago Maldonado, como así también las negativas posteriores a brindar el paradero del joven muerto por agentes del Estado. En momentos en que desde los medios de comunicación adictos se difundía la locución “terrorismo mapuche” en cualquier contexto, Garavano reforzó la noción de que aquellos pueblos originarios estaban conformados por “gente violenta”. Estimó por entonces que las críticas al accionar delictivo de los uniformados constituían “voces que ponen en peligro el Estado de Derecho”, imagen que resultaba concordante con la consciencia mayoritaria de incorporar la violencia al desempeño institucional.
Por su eventual participación en los hechos que condujeron a la muerte de Maldonado, Garavano, igual que Patricia Bullrich y Mauricio Macri, podría afrontar una pena de prisión perpetua, según establece el artículo 142 ter del Código Penal de la Nación.
Germán es también mentor de una reforma del Código Civil y Comercial redactado durante la segunda Presidencia de Cristina Fernández, al que pretende derogar por razones extrajurídicas. También ha prohijado una modificación integral del sistema de jubilaciones y pensiones a través de la elaboración de un Código de la Seguridad Social, tarea demandada por el Fondo Monetario Internacional para la que se ha convocado a un grupo de especialistas vinculados con el programa económico que se intentara imponer durante el período 1976-1983.
Junto con Daniel Angelici –presidente de Boca Juniors y vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal- habría operado e influido en la remoción de diversos funcionarios judiciales que, en regular ejercicio de sus competencias, dictaron resoluciones que no se avenían con la orientación antigarantista y cercenatoria de derechos del macrismo. Entre éstos, se encuentran el fiscal Juan Pedro Zoni (quien solicitara medidas tendientes a esclarecer la participación de Mauricio Macri en la llamada “causa Correo Argentino”); el fiscal Hernán Schapiro (quien intervino en la investigación de falsos aportantes y lavado de dinero durante las campañas de Cambiemos en 2015 y 2017); el juez Luis Arias (quien falló a favor de docentes a quienes se les descontaban días de paro, además de dictar cautelares contra el aumento desmedido de tarifas de luz y gas); la acción revanchista contra los jueces Jorge Ballestero, Norberto Oyarbide y Eduardo Farah (quienes habían investigado a Macri en causas por escuchas ilegales); el fiscal Gabriel de Vedia (quien denunció al titular de la ANSeS por acciones de vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para provecho de empresarios del entorno presidencial) y otros funcionarios menores. En la llamada “causa AMIA” fue acusado, también, de “entorpecer la tarea de la querella tratando de buscar algún favoritismo para alguno de los acusados”.
Inició, además, una campaña de notificaciones a jueces que habían cumplido los 75 años de edad, con el fin de instarlos a renunciar y colocar en su lugar magistrados afines al macrismo. Lo mismo sucedió respecto de la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Elena Highton de Nolasco, quien debió presentar una acción de amparo para permanecer en su cargo.
En julio de 2017, solicitó al Senado de la Nación que se retirara el pliego del Dr. Alan Iud como aspirante a Fiscal, luego de que éste ingresara en el Orden de Mérito respectivo tras la sustanciación de un concurso público. El fundamento encubierto habría sido su desempeño como abogado asesor de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo.
Un mes antes, Garavano había mandado reprimir una protesta efectuada en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, cuyo personal de limpieza se manifestó durante un acto oficial en reclamo de mejores salarios y condiciones de trabajo. En aquella oportunidad, funcionarios del ministerio fueron registrados en videograbaciones apostrofando a los trabajadores de “mogólicos”, “negros de mierda” y “villeros”.
Afanado en la tarea de generar resultados emocionales en un público deseoso de experimentarlos, Germán Garavano fue a lo largo de su gestión desgranando frases afines a los preconceptos de sus receptores; y así declaró que "Zaffaroni debería dejar su cargo en la Corte Internacional de Derechos Humanos y dedicarse a la militancia"; que en la investigación sobre los hechos que derivaron en el asesinato de Santiago Maldonado hubo “agresores que siempre se resistieron con piedras a que se lleven adelante rastrillajes” para encontrar el cuerpo ocultado por los propios homicidas; que el asunto había tomado una “extrema politización en un escenario electoral” (letra que fuera repetida por los partidarios macristas de todo el país); que "debería haber un repudio de la comunidad a lo que hicieron algunos gremios docentes" (esto es, enseñar sobre el caso Maldonado en las aulas) y otras del mismo tenor. A su turno, se manifestó “respetuoso del debido proceso” en las farsas judiciales que tuvieron como consecuencia liminar el encarcelamiento de opositores políticos como Milagro Sala, Amado Boudou, Julio De Vido, Luis D’Elía, Carlos Zannini y otras figuras centrales del kirchnerismo.
Garavano firmó todos y cada uno de los Decretos de Necesidad y Urgencia inconstitucionales que elaborara el “equipo” de Mauricio Macri; incluido el de “extinción de dominio”, que vulnera garantías constitucionales, asegura penas de índole patrimonial sin proceso previo y legisla –sin competencia para ello- sobre ámbitos propios del derecho procesal civil.
A pesar de constituirse voluntariamente en un acatador incondicional y ejecutor del plan macrista de devastación republicana, por alguna razón la diputada adicta Elisa “Lilita” Carrió se disgustó con él. Un día, el ícono político de la clase media porteña sostuvo que Garavano no tenía la menor idea acerca de la dimensión de las causas que debe tratar como ministro de la Nación. La acometida llegó, inexplicablemente, hasta la solicitud de juicio político, lo que provocó estupor en todo el llamado “arco Cambiemos”.
Respecto de la intencionalidad con la que Garavano habría obrado en cumplimiento de las directivas impartidas por Mauricio Macri, Carrió opinó:
“No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error”.
Quizás, y aun desde la evidente insania, Lilita lo estuviera protegiendo.
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"Los dispositivos del poder no son represivos, son normalizadores".
(Michel Foucault, citado por Darío Sztajnszrajber)
*Caricatura por Andrés Casciani (2019).
- Acrílico, lápices y tiza pastel sobre papel / 21 x 29 cms.
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PRONTUARIO DE GABINETE
*Caricatura digital: Andrés Casciani (2019) / Texto: Eddy Whopper
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Sección "PARTÍCIPES NECESARIOS"
HOY: Alfredo y Diego LEUCO
En la frágil centuria veintiuna
Entronizar becerros es un mero
Colofón de Discépolo: no hay una
Razón que se resista a Don Dinero.
La mano del poder que distribuye
Moneda vil al perro cancerbero
A la nutrida verba prostituye
Y la transforma en comunicadero.
Bajo toda moral viven veladas
En duro justiprecio peso a peso
Un mar de voluntades tarifadas:
La derecha abrió el mar de su regreso
-Igual que Moisés en el Pentateuco-
Pagándole, entre otros, a Los Leuco.
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"Genio es la capacidad de renovar las emociones cotidianas".
El 22 de octubre de 1922 fallecía Paul Cézanne.
*Caricatura por Andrés Casciani (2019).
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PRONTUARIO DE GABINETE
*Caricatura digital: Andrés Casciani (2019) / Texto: Eddy Whopper.
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HOY: Carolina STANLEY
Nombre completo: Carolina STANLEY
Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1975
La ministra de Salud y Desarrollo Social de Mauricio Macri es hija de Guillermo “Willy” Stanley, un mega-ejecutivo que se inició en los años 60 en el sector financiero como operador del Banco de la Nación Argentina, al cual representó en Londres entre 1973 y 1975. Trabajó luego en diversas instituciones financieras y también fue Director de la empresa pretolera BRIDAS. Fue, además, agente del Citibank. En los 90s, Willy se desempeñó en la renegociación de la deuda externa y, también, como impulsor de los procesos de privatización de empresas y servicios públicos. En la pequeña reseña biográfica que figura en el sitio de su grupo inversor “INVERLAT”, se da cuenta de que Willy Stanley fue “Director de IDEA, AmCham, FIEL, entre otras instituciones, y hoy es director de CIPPEC, Havanna y Banco Macro”.
Carolina, por su parte, cursó primeras letras en un colegio de alcurnia, el Saint Catherine’s Moorland School del barrio de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires, institución líder en hockey sobre césped juvenil. Sin embargo, eligió para cubrir su carrera de abogada a la Universidad de Buenos Aires, una nota de demérito respecto de la orientación seguida por el grueso de los cuadros del PRO.
Quizás este contacto con lo popular decidió su inclinación hacia la acción social: a los 25 años ingresó en la Legislatura porteña como asesora de María Laura Leguizamón, quien también fuera diputada y senadora por el peronismo bonaerense, como así también Directora de Acción Social en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Esta experiencia, junto con las naturales influencias del ámbito empresarial anudadas desde el entorno familiar, le valió un lugar en la Fundación Sophia creada por Horacio Rodríguez Larreta. Como se sabe, esta entidad articuló acciones con Creer y Crecer, el espacio liderado por Mauricio Macri para generar un sustrato estratégico que sirviera de base a su catapulta hacia el poder formal. Carolina se desempeñó allí generando proyectos de políticas sociales para un futuro gobierno macrista, bajo las órdenes de María Eugenia Vidal. Con el tiempo, Stanley fue Directora Ejecutiva de Sophia.
Hacia mediados de la década del 2000, Macri era presidente de Boca Juniors y había construido un entramado político dentro del club con el fin de eternizar a su lista en el gobierno de la institución; los éxitos deportivos apañaban esta orientación. Sin embargo, debía desembarazarse de los elementos que le disputaban poder, a los que tildó de “corruptos” y de pertenecer a la época en que en el club “se dilapidaban recursos” y no se obtenían resultados. María Eugenia Vidal y Carolina Stanley fueron llevadas al club para iniciar una tarea de “depuración” y articulación con organizaciones sociales de los barrios de La Boca y Barracas. Esta labor finalizó con éxito: gracias a la actuación de sus empleados y ejecutivos en el club de la Ribera, Macri se catapultaría definitivamente a la ocupación de espacios de poder político.
Fue así que, durante su primera Jefatura de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires –obtenida luego de la victoria electoral de 2007 sobre el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Filmus- Macri la adscribió con María Eugenia en el Ministerio de Desarrollo Social porteño. Ya para entonces, los éxitos de gestión dentro de la lógica del PRO la habían conducido a librarse de sus antiguas ataduras peronistas: en el año 2009, Carolina fue elegida Legisladora por el distrito capitalino, bajo el amparo de Propuesta Republicana, el partido de Mauricio Macri.
Durante toda la segunda Jefatura de Gobierno del ex presidente de Boca Juniors, Carolina Stanley fue Ministra de Desarrollo Social de la ciudad, cargo que había dejado María Eugenia para operar como Vicejefa de Gobierno. Centralmente, su gestión se orientó hacia el crecimiento del PRO como partido con posibilidades serias de resultar vencedor en las elecciones de 2015. Desde el Ministerio, Carolina desarrolló una política de acercamiento a los barrios más carenciados, gracias a la cual el macrismo pudo “entrar en las villas”. Participó allí activamente en actos de proselitismo, incluso en las mismas “sombrillas” o puestos de atracción de transeúntes. Excitó así el residuo aspiracional de los cuadros de las organizaciones sociales que se acercaban a la cartera: a su pulcritud y belleza natural, Stanley, sumaba gestos de cierta pertenencia como regalar alfajores Havanna a sus interlocutores, que recibía gratis de su padre. Con ello, Carolina ganó el respeto, un creciente reconocimiento y, en especial, votos para Macri provenientes de los sectores más relegados.
No obstante, una vez Cambiemos en el poder formal, el direccionamiento descarnado de las políticas de Estado en seguimiento del orden neoliberal obligaron a Stanley a afrontar los desequilibrios onerosos de la subordinación política. Como medida de afianzamiento del macrismo en el espectro nacional, su equipo de publicistas decidió continuar con algunas acciones de asistencia que habían tenido éxito durante el kirchnerismo, como la provisión de una Asignación Universal por Hijo y otra por Embarazo, algo a lo que la clase media más nutrida en antivalores se había opuesto. Carolina Stanley, como Ministra de Desarrollo Social de la Nación, administró y defendió el mantenimiento de estas ayudas sociales.
Sin embargo, mientras el macrismo reforzaba y multiplicaba prácticas de especulación financiera que sólo beneficiaban a los sectores privilegiados y atendía el pago de intereses usurarios a través de la toma indiscriminada de deuda pública, Stanley dispuso la anulación de más de 120.000 pensiones por invalidez, para madres de siete o más hijos y otras que habían sido asignadas aun desde años atrás (para el periódico Página/12, estas bajas llegaron a 170.000). A la vez, endureció las condiciones para la procedencia de las pensiones y ordenó lentificar sus trámites de obtención: el Ministerio envió comunicaciones a los beneficiarios con el apercibimiento de que, si no se comunicaban en un plazo que allí se fijaba para corroborar sus datos personales, la pensión que gozaban sería automáticamente dada de baja. Los empleados públicos recibieron la orden de no impulsar las denuncias que se formularon: existen casos de “limbos” administrativos, estancamientos de trámites que se extendieron por espacios que superaron el año y que generaron situaciones irreversibles en sectores críticos con necesidades básicas insatisfechas.
Fuentes periodísticas destacan, además, que la cartera de Stanley realizó transferencias por más de 7 millones de pesos a la Fundación “Pescar”, una agrupación integrada por personalidades de Cambiemos que organiza cursos de peluquería en barrios de emergencia.
Durante el período de campaña para las elecciones de medio término de 2017, se denunció que camiones del Ministerio de Carolina descargaban muebles y electrodomésticos en poblaciones del Norte argentino, especialmente en Tucumán y Catamarca. La situación se vinculó con una posible compra de votos, con recursos del Estado Nacional.
En septiembre de 2018, Mauricio Macri modificó en forma inconstitucional, por Decreto de Necesidad y Urgencia, la cantidad de Ministerios. Siguiendo directivas del Fondo Monetario Internacional, eliminó 13 de ellos, algunos de los cuales pasaron a ser Secretarías de Gobierno con dependencia de diversas áreas. El caso de Salud fue uno de los más criticados por la oposición: dejó de ser un Ministerio y se convirtió en Secretaría de Salud, incorporada al fusionado Ministerio de Salud y Desarrollo Social al mando de Carolina Stanley.
En este período, se intensificó la ola de aumentos de medicamentos, librados a la discreción de los laboratorios y atados a la suba del dólar. A medida que avanzaban los acuerdos y contactos con el Fondo, la Secretaría de Salud desaceleraba la ejecución de las partidas presupuestarias previstas para compras de productos farmacológicos, prevención y tratamiento de enfermedades: durante 2019, el Estado Nacional compró un 30 % menos de medicamentos que el año anterior. Sólo en la ciudad de Buenos Aires hubo unas 7.000 recetas extendidas a jubilados que no se concretaron en compras y unos 250.000 anticonceptivos orales menos vendidos con respecto a 2018. El problema trajo un cierre histórico de farmacias en todo el país.
Carolina también ha recibido acusaciones de favorecimiento indebido a parientes y empresas vinculadas. En octubre de 2017, el Ministerio a su cargo contrató un servicio con la empresa AdeA (Administradora de Archivos S.A.) por más de 3 millones de pesos: llamativamente, Guillermo “Willy” Stanley fue designado director de la firma un día después de la adjudicación. Si bien Willy renunció en abril de 2018, AdeA ya había cerrado tratos con otras jurisdicciones y entidades de la administración macrista por más de 20 millones de pesos.
Su hermana, Brenda Stanley, fundó el programa “Sembrando Creatividad” en la Fundación Granos de Mostaza, que recibió dinero del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2013 y 2014 (más de $ 385.000 de entonces), cifra que superó el millón de pesos entre 2016 y 2018. En general, el dinero se utilizó para desarrollar talleres de actividades manuales en barrios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires.
Su esposo, Federico Salvai, es Jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires; y su cuñado Felipe Hughes (esposo de Brenda) se desempeña en la función pública como uno de los directores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con un salario que a enero de 2018 rondaba los $ 280.000 “en mano”. Hacia fines del 2016, Cecilia Stanley, prima de Carolina, fue designada Jefa de Gabinete en el Ministerio de Desarrollo que Caro presidía.
En cuanto a su composición patrimonial, llamó la atención su mudanza luego de un año de gestión como ministra de la Nación, a un departamento de más de 400 metros cuadrados que pertenecía a Mariano Chihade, marido de Mariana Fabbiani. Carolina declaró haberlo comprado con una donación de dinero, más la venta de su departamento anterior (de unos 120 metros cuadrados) por 8 millones de pesos, aunque éste figuraba en su declaración anterior con un valor menor al millón. Su nueva morada se cotizó en 17 millones de pesos, un millón de dólares a la cotización de entonces. Tan sólo la diferencia entre sus declaraciones juradas de 2015 y 2016 arrojan un aumento patrimonial global del 345 %, con picos del 700 % en el rubro “Bienes del Hogar”.
Hasta mediados del año 2019, el nombre de Carolina Stanley figuraba entre los más sonantes para integrar la fórmula de gobierno en las elecciones de ese año, junto con otros postulantes como Alfredo Cornejo –el gobernador de la provincia de Mendoza- Marcos Peña o la misma María Eugenia Vidal. Finalmente, el equipo de mercadotecnia de Cambiemos se decidió por el histórico senador peronista Miguel Ángel Pichetto, a quien se intentó presentar desde las estrategias de penetración psicológica como ejemplo de conducta reflexiva al “pasarse” del “populismo” al “cambio”.
Frustrada esta espectativa, Stanley, que tuvo a su cargo la decisión de ejecutar más del 60 % del gasto social, no se ha postulado para ningún cargo.
La clase media aspiracional, mayormente, no la conoce. Es que, en líneas generales, jamás ha tenido que hacer un trámite en el ámbito de su cartera. Quizás, al verla en televisión, pare mientes en su belleza, sin tener la menor idea acerca de qué cosa es un Ministerio de Desarrollo Social, ni tampoco la mínima voluntad de enterarse.
Así le sucede, por otra parte, con casi todos los tópicos de un mundo entero que, más allá de las ilusiones de riqueza, sus integrantes ni siquiera sospechan.
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"Picasso es comunista, yo tampoco".
(Salvador Dalí)
*Caricatura por Andrés Casciani (2019).
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*Texto: Eddy Whopper / Caricatura digital: Andrés Casciani (2019)
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HOY: Alfonso PRAT GAY
Nombre completo: Alfonso de PRAT GAY
Fecha de nacimiento: 24 de noviembre de 1965
De nutrida capacidad intelectual y fuerte carga narcisista, Alfonso Prat Gay ha sido uno de los ejecutores más descarnados del primer período macrista en el poder formal. Había pertenecido a la Coalición Cívica – Ari liderada por Elisa “Lilita” Carrió y luego se vinculó con “Libres del Sur”, una fuerza que en definitiva formó un frente de alianza llamado “UNEN”, opositor al kirchnerismo. Es egresado de la Universidad Católica Argentina con una licenciatura en Economía y magister por la Universidad de Pensilvania, EE. UU. Este título le valió su ingreso como cuadro de la JP Morgan.
Hasta su nombramiento como Ministro de Hacienda y Finanzas de Mauricio Macri, ocupó diversos cargos en la función pública: desde diciembre del año 2002 hasta septiembre de 2004, fue presidente del Banco Central de la República Argentina, aun bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Ya como candidato de la Coalición Cívica fue elegido diputado nacional, para el período 2009-2013. Mientras tanto, creó la empresa de asesoramiento en materia financiera Tilton Capital, de fuerte presencia en la “city” porteña. Además, es organizador y miembro originario de la Fundación Andares, también actuante en el ámbito de la especulación bursátil.
El 10 de diciembre de 2015, Alfonso Prat Gay fue designado Ministro. Desde ese lugar, participó en la generación de discurso emocional tendiente a generar el fenómeno de sugestión colectiva que condujera a Mauricio Macri al poder, y que se sostendría luego de su asunción. Una de sus primeras medidas fue la de bajar las retenciones por exportaciones a los capitalistas del campo; a la vez, con la previa concertación de las empresas energéticas, apañó aumentos en las tarifas de todos los servicios públicos, que se encontraban subsidiados desde hacía más de una década. Para generar sentido común de aceptación, Prat Gay declaró en uno de los programas de televisión pagados por el macrismo: “asustan cuando decís cuánto van a subir, pero una factura que se pagaba 150 pesos y pasa a 350 son 200 pesos, que es dos taxis o dos pizzas". La clase media “del cambio” aceptó la propuesta: sabía que habría masas enteras que no tendrían recursos para afrontar los incrementos, pero su concepción de desclase le motivaba la razonabilidad de la medida.
En el mismo mes de diciembre de 2015, Alfonso se encargó de llevar la cotización del dólar oficial de $ 9,50 a los $ 15 que valía en el mercado ilegal, lo que importó un aumento del 58 % en el resto de los precios del mercado atados a ella. A la vez, permitió la compra indiscriminada de moneda extranjera. Esta circunstancia produjo un desequilibrio –por otra parte, previsto y deseado- en las cuentas públicas, que comenzaron a intentar nivelarse a través de la suscripción de deuda pública.
Como parte de la acción publicitaria antikirchnerista, Mauricio Macri había sugestionado a sus seguidores acerca de un virtual “alejamiento del mundo” que la Argentina habría experimentado por obra de las acciones de los gobiernos nacionales y populares que lo precedieron. Si bien aquellas administraciones habían reducido significativamente el monto debido por el país a acreedores extranjeros, Macri logró convencer a una pléyade de inducidos acerca de que resultaba necesario terminar con los litigios en contra de la Argentina, promovidos por los llamados “fondos buitre”. Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la República Argentina había cuestionado la legitimidad de los empréstitos contraídos en períodos de facto o en contubernio entre funcionarios infieles del Estado Nacional y compradores de papeles soberanos.
Fue así que, hacia abril de 2016, Alfonso Prat Gay lideró las “negociaciones” que culminaron en el pago de la totalidad de lo que solicitaban en aquellos juicios los tenedores de bonos que habían caído en default en el año 2001, con más intereses desde la fecha de mora y abono directo de honorarios a todas las firmas de abogados actuantes. Se pagó por entonces, incluso, más de lo que los propios acreedores habían ofertado percibir por esos papeles que, hasta el momento, eran incobrables; y más de lo que el juez norteamericano que llevaba el caso habría considerado razonable aprobar sin afectación de derechos, de haberse propuesto un acuerdo que incluyera quitas o dispensas. Previamente, Alfonso había preparado el terreno emocional para que todo un sector fuertemente penetrado en su entereza psíquica terminara aceptando el desfalco. Durante una conferencia de prensa, a tono con la ola indigna de la época, dijo: “La basura no es nuestra, pero no tenemos problemas en empezar a limpiarla. Y la cuestión del juicio de Nueva York es parte de la basura que recibimos”. La maniobra disparó la primera toma sideral de deuda de la era macrista: 16.500 millones de dólares.
Alfonso también fue ejecutor de una de las acciones más importantes de repatriación de capitales ilegales para usos especulativos. Luego del dictado de la llamada “Ley de Reparación Histórica” y del de sus normas reglamentarias venales, los parientes de los funcionarios macristas y los actores y testaferros de su entorno empresarial fueron autorizados a traer al país, previa declaración, las sumas que tuvieran depositadas en el exterior. El Estado Nacional no investigaría el origen de esos capitales, que en general provenían del producido de diversas formas de la economía delictiva: evasión de impuestos, giros ilegales de divisas, compra clandestina de moneda extranjera, contrabando, trata de personas, tráfico de drogas, reducción a servidumbre y muchas otras. Lo único que se exigía para el “blanqueo” era la declaración fidedigna del monto repatriado y un pago único como "multa" del 10 % de la suma en cuestión.
A partir de entonces, Prat Gay desempeñó una tarea de impulso y verificación recaudatoria de tales fondos, que sólo tomando en cuenta las cifras oficiales alcanzaron los 90.000 millones de dólares. El 10 % de esa cifra pasó a engrosar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, un espacio fiduciario creado durante el kirchnerismo para asegurar el pago de jubilaciones y pensiones. Con los flujos del “blanqueo”, el Fondo llegó a los 77.000 millones de dólares, más del triple de las reservas del Banco Central que Cristina Fernández había entregado –con un país desendeudado- al macrismo.
Sin embargo, desde que Prat Gay fue ministro, ese dinero empezó a ser depredado. A la devaluación primaria dispuesta por Alfonso le siguió el cumplimiento de la propia Ley de Reparación Histórica, que habilitaba a vender activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para atender el pago de los acuerdos con jubilados por juicios pendientes contra el Estado. Fue en este período que el Fondo vendió por primera vez acciones de las que era dueño a grupos vinculados con el perfil empresarial de Mauricio Macri, generalmente a precio vil y con la anuencia de la Comisión Nacional de Valores, ocupada por funcionarios macristas.
Alfonso Prat Gay ejecutó, además, la primera fase de la política pública endeudamiento externo más intensa de toda la historia nacional. Su visto bueno esencial para la emisión de papeles tuvo por finalidad hacer realidad las decisiones especulativas que desde el poder real se gestaron con el fin de encumbrar a la Argentina entre las plazas financieras más rentables del mundo. No sólo instrumentó normas de exención impositiva, acortamiento de plazos mínimos de permanencia de utilidades en el país y aumento de tasas de interés para capitales que sólo perseguían el lucro bancario o financiero: también participó en el inicio de la desmedida emisión de Letras del Banco Central (LEBACs), que en tan sólo dos años superaron la cantidad de moneda circulante en toda la república, con tasas de interés que rondaban, por entonces, el 40 % anual. Ello importó, en los hechos, que Argentina llegara a deber, únicamente en concepto de LEBACs, una vez y media más que el dinero existente en poder de cada uno de los habitantes del país, sumados.
Prat Gay también contribuyó a la ola de despidos que impulsó el macrismo no bien arribara al poder formal. Cuando dejó el Ministerio de Hacienda, unos 160 trabajadores de su cartera habían sido dejados sin trabajo. En enero de 2016, haciendo uso de una lengua duramente teñida del desprecio ancestral que sus representados prodigaron a las clases inferiores, Alfonso había advertido: “No vamos a dejar la grasa militante. Vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis”. Aquel concepto que refería a trabajadores sindicados se acoplaba al de “capas geológicas” impulsado por Hernán Lombardi desde el área de Comunicación: en ambas locuciones se entreveía la legitimación de una despersonalización afín a la vocación discriminatoria de su base electoral. La crueldad ejercida sobre esos trabajadores era, también, una medida de proselitismo político proyectada para la consideración positiva de una mayoría degradada en su perfil social, cultural y, sobre todo, moral.
En diciembre de 2016, una vez finalizada la primera etapa de destrucción económica del país a favor de los que más tienen, Mauricio Macri citó a Prat Gay mientras vacacionaba en una finca de su amigo personal Joe Lewis -el magnate de la energía en el sur del país- y le solicitó que renunciara. Su ministerio, por espacio de un año y medio, se escindiría luego en el de Hacienda y el de Finanzas, a fin de efectivizar la toma sideral de deuda que a mediados del año 2019 llegaría a superar el Producto Bruto Interno nacional.
Prat Gay ya había asegurado, como parte del proyecto macrista, ríos desmedidos de ganancias para quienes aplicaron capitales en el mercado financiero. Había mantenido el valor de la divisa norteamericana entre 14 y 16 pesos, mientras que las utilidades por el juego financiero llegaron a superar, en sus últimos días, el 50 % anual de interés en pesos: la cifra representaba un beneficio en dólares que en ningún otro sitio del planeta podía conseguirse de manera legal. La llamada “lluvia de inversiones” que había prometido Macri se había realmente producido: mientras comparaba el esfuerzo de la población para afrontar tarifazos con la compra de pizzas, Prat Gay abría el caudal de una fiesta especulativa que sólo se había registrado en las crisis terminales de 1890, 1989 y en la última dictadura cívico-militar. Él mismo había declarado, en 2015, que “el dólar va a estar más cerca de 9 pesos con 50 si hacemos las cosas bien; y más cerca de 16 pesos si hacemos las cosas mal”.
Intensamente pagado de sí mismo, dotado de una eficiente capacidad de contestación rápida y contundente, blindado en su autoestima y consagrado en una carrera política que lo había relegado a la subordinación, las mordacidades que desgranaba desde el poder para mofarse del entorno Kirchner y de sus seguidores satisfacían a los perversos y divertían al electorado captado en sus facultades de apreciación humanitaria y de intelección. Sus parangones de lo complejo con elementos banales articularon con aquella impronta general del marketing macrista, consistente en “medir” cualquier fenómeno con instancias asequibles a los sectores desprovistos de criterio informado. Como Macri y sus adláteres, también Prat Gay aportó a la tarea de construcción irracional/emocional emprendida por Cambiemos para captar capacidades; y así se lo ha escuchado acudir al lenguaje “futbolero”, al de la vida cotidiana y al de los conceptos enclavados en el imaginario del “hombre común”.
En esta dirección, las consignas discriminatorias echadas al fin de agitar antivalores presentes en sus votantes también alcanzaron notoriedad y eficacia. “Cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del Norte, del Sur, no importa de dónde viene”, dijo durante la campaña electoral de Mauricio Macri. “No vaya a ser que en 2020”, agregó, “estemos hablando de fulano de tal, que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder”.
Quizás Prat Gay comparta, también, alguno de los rasgos psicopáticos que caracterizan a ideólogos, partícipes necesarios y ejecutores del entorno macrista. En octubre de 2019, ya lejos de su época de participación política como funcionario, opinó por las redes sociales acerca de ciertos movimientos de descontento social ocurridos en Ecuador y en Chile, que generaron decenas de muertos y lesionados. Sus palabras fueron inequívocas: “A ver si entendemos que la tolerancia al ajuste es muy baja en toda nuestra región”.
Con ello, echaba la culpa de los desatinos políticos a las víctimas de las decisiones tomadas desde el poder, línea habitual y violenta de reflexión en el ámbito de Cambiemos.
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