"Prontuario de Gabinete": Patricia BULLRICH

"Prontuario de Gabinete"
*Texto: Eddy Whopper / caricatura digital: Andrés Casciani (2019)

Hoy: Patricia BULLRICH

Fecha de Nacimiento: 11 de junio de 1956

Alias: “La Piba” – “Carolina Serrano”

A contrapelo de origen patricio, (Bullrich-Luro Pueyrredón), desde adolescente formó parte de la resistencia armada peronista que derivó en la formación de Montoneros, donde tomó el nombre clandestino de Carolina Serrano y llegó al grado de segunda teniente. Su habilidad política le facilitó la generación de vínculos con expatriados del peronismo revolucionario. Debió, sin embargo, exiliarse en México y luego en España y Francia; no sólo en razón de ser perseguida por el aparato para-estatal de los años 70s, sino, además, en virtud de la acusación que le formulara un sector de sus pares de haber delatado y “entregado” a propios compañeros de lucha. Regresó clandestinamente en el año 1978.

Se vinculó en Europa con Rodolfo Galimberti, pareja de su hermana Julieta Bullrich y comandante de la “Columna Norte” del ejército revolucionario.

De la unión con el dirigente montonero Marcelo “Pancho” Langieri nació su único hijo, Francisco.

Vuelta la democracia y blanqueado su pasado guerrillero, se sumó primero a la lista de Antonio Cafiero y, luego de que éste perdiera finalmente en las internas para ocupar la presidencia de la Nación, pasó a formar parte del plantel menemista. Logró así ser diputada desde 1993. Ocupó luego diversos cargos en la provincia de Buenos Aires; pero, desgastado el menemato, decidió integrarse a la llamada “Alianza”, una coalición de partidos en la que predominaba la influencia de la Unión Cívica Radical. Allí llegó a propuesta de Fernando de Santibáñez, quien a la sazón era ex titular de los Servicios de Inteligencia del Estado.

Con el triunfo de Fernando de la Rúa en los comicios de 1999, Patricia Bullrich fue designada Secretaria de Políticas Criminales. La necesidad de endurecer las decisiones económicas y a la vez de blindar el descontento social en razón de la crisis de fin de siglo, motivó a de la Rúa a colocarla en el Ministerio de Trabajo y luego en el Ministerio de Seguridad Social. Desde allí, abandonando sus primeros principios libertarios, enfrentó al sindicalismo y dispuso una quita salarial del 13 % a trabajadores y jubilados, con el fin de hacerles soportar “proporcionalmente” el peso de la crisis y de contener el gasto público, medida que fuera sugerida por Domingo Felipe Cavallo, el nuevo Ministro de Economía, quien seguía las directivas del Fondo Monetario Internacional.

Durante su gestión como ministra de la Alianza, el desempleo en la Argentina alcanzó el máximo histórico del 25 %.

Extinguido el gobierno radical por la crisis del año 2001 –que la tuvo como protagonista de la generación de políticas de segregación económica- Bullrich formó un partido propio llamado “Unión por la Libertad”, que luego adhirió a la Coalición Cívica liderada por la radical disidente Elisa “Lilita” Carrió. Esta dirigente, no obstante, la había denunciado penalmente unos años antes por asociación ilícita y traición a la patria, con motivo de la suscripción de un decreto que privilegiaba el pago de bonos de deuda por sobre las jubilaciones y sueldos de los empleados públicos. El proceso quedó en agua de borrajas y el nuevo canal político le permitió a Bullrich, ahora aliada de su denunciante, obtener el cargo de diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2007 y 2015.

En ejercicio de su mandato representativo, Patricia Bullrich pergeñó con Laura Alonso –en ese tiempo diputada del PRO- la citación al Congreso de la Nación del fiscal Alberto Nisman para que diera cuenta de una denuncia de traición a la patria, consensuada con el macrismo, en perjuicio de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego del suicidio del funcionario, se constató que en su teléfono celular había decenas de llamados de Bullrich y Alonso: las comunicaciones habrían tenido por fin presionar a Nisman para que dijese ante los legisladores exactamente lo que desde la oposición y el poder real se había pautado.

Para entonces, las alianzas políticas que Bullrich había generado desde su espacio en la Coalición Cívica, su fuerte impronta antikirchnerista, el nuevo rol de “Lilita” Carrió como referente del macrismo, su participación en el armado mediático que condujo al triunfo electoral de Mauricio Macri en 2015 y su pasado en acciones de despliegue del uso de la fuerza, alimentaron la decisión del nuevo presidente de instituirla como Ministra de Seguridad.

En dicha cartera, Patricia Bullrich encontró un espacio de liberación de sus tensiones agresivas y desplegó una de las políticas de ejercicio de la violencia por parte del Estado más intensas y violatorias de los principios democráticos de toda la historia argentina.

Durante su ministerio, que aún no finaliza, las fuerzas de seguridad que comanda han asesinado desde el 10 de diciembre de 2015 a una persona cada 22 horas.

Las muertes provocadas por el “entorno Bullrich” incluyen el homicidio del joven manifestante Santiago Maldonado que, de esclarecerse, podría constituir el delito de privación de la libertad seguida de muerte, calificada por su realización por un grupo de personas que actuaron con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguido de la falta de información y negativa a reconocer dicha privación. 

Con el beneplácito de una mayoría profundamente arraigada en antivalores, y en palmario desconocimiento de principios elementales del derecho penal, Patricia Bullrich ideó un “Protocolo de Uso de Armas de Fuego” por parte de las fuerzas de seguridad, que otorga a sus agentes la posibilidad de disparar contra el cuerpo de quien genere lo que a criterio del represor configure un “peligro inminente”.

La redacción y puesta en vigencia del Protocolo surgió como un modo de canalizar políticamente la aceptación mayoritaria de la llamada “Doctrina Chocobar”, tal el apellido de un policía que, en exceso de sus atribuciones, disparara y diera muerte a un delincuente que se encontraba en el piso, desarmado y herido de bala en una pierna. Tanto Bullrich como Macri felicitaron al agente, quien a la fecha se encuentra procesado.

Una muerte que también se enmarcaría dentro de los actos de terrorismo de Estado, provocada por la Prefectura Naval a su cargo, es la del joven mapuche Rafael Nahuel, quien fuera asesinado por la espalda mientras escapaba de la agresión ilegítima de las fuerzas de seguridad. Bullrich declaró por entonces que los mapuches se encontraban en proceso de “tomar el territorio”, para conformar una Nación independiente.

La ministra, asimismo, apoyó y justificó el accionar delictivo de funcionarios policiales que el 21 de mayo de 2019 asesinaron a cuatro adolescentes en la localidad de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió en ocasión en que los jóvenes paseaban en automóvil y, de pronto, comenzaron a ser perseguidos por los agentes. El conductor, asustado, tomó la decisión de acelerar y escapar del hostigamiento policial. Los uniformados, en aplicación de la “doctrina Chocobar” y del Protocolo de Uso de Armas de Fuego, dispararon directamente contra ellos: el automóvil finalizó estrellándose contra un camión y todos sus ocupantes murieron.

Patricia Bullrich ha complementado la puesta en marcha de medidas económicas neoliberales con la dirección de acciones de represión contra trabajadores despedidos, jubilados víctimas de los recortes decididos en materia previsional y reclamantes en general, organizados o no. En dichos actos de violencia, las fuerzas lideradas por Bullrich han disparado con balas de goma y de plomo a mansalva, incluso contra niños, periodistas y meros transeúntes. Durante las protestas contra la Ley de Reforma Previsional, el personal a su cargo impidió la entrada al Congreso de legisladores de la oposición, rociándolos con gas lacrimógeno.

Mandó apalear, también, a la canciller venezolana Delcy Rodríguez, con el fin de que no ingresara a una reunión de líderes del Mercosur. 

En el año 2017, instruyó el envío de comunicaciones a través de la Cancillería a todas las embajadas y consulados argentinos en el mundo, para que denegaran las autorizaciones de ingreso al país a representantes de instituciones de derechos humanos y aun de pensadores reconocidos en el ámbito de la lucha por las libertades civiles.

Además, organizó y ejecutó políticas de persecución a empleados y funcionarios públicos, a través de programas de espionaje y obligaciones ilegales de denunciar antecedentes partidarios de los trabajadores, su ideología política y su eventual participación en agrupaciones sindicales.

Durante su gestión, el Estado Nacional batió records de compra de armamentos, pertrechos y maquinarias de violencia. Tal política incluyó la adquisición de cuatro lanchas israelíes equipadas con armas de guerra por un costo que superó los 48 millones de dólares, cinco veces más de lo que habrían costado si se hubieran fabricado en el país. En el año 2018 ordenó la tramitación de una licitación pública para la compra de 15 millones de municiones de goma.

Sólo por la muerte de Santiago Maldonado y en virtud de la letra del artículo 142 ter del Código Penal, Patricia Bullrich podría ser condenada a la pena de prisión perpetua. Al tratarse de un delito de lesa humanidad, no existe plazo de prescripción para juzgarla.